Barajar y dar de nuevo

Por Matías Mowzset

La tormentosa relación entre el Gobierno Nacional y la administración de la Ciudad de Buenos Aires tendrá un nuevo capítulo esta semana, en el marco de las nuevas restricciones pensadas desde la gestión federal, aunque se avizora un mayor entendimiento.

Es que en esta suerte de reunionismo y de anuncios de futuros anuncios, por los diversos medios de comunicación circulan posibles borradores de nuevas restricciones a ser anunciadas por el presidente Alberto Fernández.

El festival de filtraciones y versiones cruzadas es un problema que el Gobierno nunca pudo solucionar desde el inicio de la crisis sanitaria y genera, en ocasiones, el inconveniente de volver difusa la información de lo que se pretende comunicar. Sobre todo, cuando las noticias deambulan entre reuniones sin conferencias posteriores y un secretismo al micrófono que no está acompañado por el adecuado secretismo en los mensajes de texto entre funcionarios menores y periodistas de diversos medios.

Durante la semana hubo varios encuentros virtuales entre el máximo mandatario nacional y los gobernadores para consensuar el tenor y el alcance de las medidas a tomar, aunque sobrevuela el fantasma del enfrentamiento reciente por las restricciones en la Ciudad de Buenos Aires y, puntualmente, la vuelta a la virtualidad escolar no acatada por el gobierno capitalino y llevada a las distintas oficinas y fueros del Poder Judicial.

La realidad es que, mientras la discusión se embarraba con fallos judiciales opuestos y la incertidumbre en la población sobre qué decisión prevalecía a la hora de tomar una decisión tan cotidiana como mandar un hijo al colegio o dejarlo en casa, al Gobierno de la Ciudad le empezaron a llegar encuestas realizadas por distintas consultoras de confianza que revelaban un alto grado de apoyo a las nuevas medidas de restricciones y un alto grado de temor al contagio con las nuevas cepas de coronavirus.

La consultora Proyección fue la primera en hacer punta a la hora de difundir resultados que, internamente, ya se venían manejando en las distintas administraciones. La encuesta realizada por Proyección dio un apoyo neto del 66% a las nuevas medidas y un rechazo del 29%.

Si bien estos números eran considerablemente más parejos cuando se trataba de la cuestión puntual de la presencialidad en los colegios, donde el rechazo al cierre crecía, estos datos hicieron recalcular a buena parte del sector político y a las estrategias que venían tomando. Desde el entorno de Rodríguez Larreta comenzaban a admitir que la decisión de firmar aquel comunicado de Juntos por el Cambio oponiéndose a cualquier restricción futura había sido equivocada.

Además de lo relativo a sondeos, también se percibió un alto grado de acatamiento a las medidas y una considerable baja en la circulación de personas en el horario nocturno dispuesto para eso, lo que revela que el sentimiento expresado en aquellas encuestas es acompañado por una conducta mayoritaria de obediencia.

Incluso, en algunos distritos, la baja de circulación pudo verse directamente asociada a una baja en la cantidad de nuevos contagios, y el balance realizado por sus gobiernos distritales es positivo.

Mientras esto sucede, el Área Metropolitana de Buenos Aires, el famoso AMBA, se encuentra al borde del colapso sanitario, con más del 95% de la ocupación en las salas de terapia intensiva y con el fantasma recurrente del desborde en cada uno de sus centros de salud.

Este miedo tiene que ver, sobre todo, con que Argentina aún no conoce esta situación. Nuestro país no vivió un estado de colapso durante la primera ola, como sí sucedió en la mayoría de los países europeos, en varios estados de Estados Unidos y en varios países de Sudamérica también.

La fortuna de haber salvado la ropa en aquellas circunstancias, opera en contra ahora por el hecho de no conocer, a ciencia cierta, cuáles serían las implicancias sociales de un colapso en una población como la argentina.

Todo esto hizo mutar el escenario de cara a esta semana, en la que se agota el DNU firmado por el presidente con aquellas restricciones con el 30 de Abril como fecha de vencimiento.

La responsabilidad de Alberto Fernández ahora es la de renovar las medidas, extendiendo el plazo con un nuevo DNU y, según se anuncia mediáticamente, aumentando el carácter restrictivo de las medidas. Lo que está vigente sería un piso para los anuncios presidenciales.

En este sentido, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá considerar si la apuesta al caos sigue siendo redituable en un marco en el que las restricciones tuvieron respuesta en la población y la máscara de institucionalista y moderado se le fue por las alcantarillas.

Esta decisión tiene su contexto en una realidad, que es que Rodríguez Larreta nunca tuvo mejor imagen que en Abril del año pasado, cuando se sentaba junto a Alberto Fernández y a Axel Kicillof a anunciar nuevas medidas en unidad.

El fragor de la interna y la exigencia de un núcleo partidario duro que se enojaba por quedar afuera de esa foto lo llevó a ceder ese centro y a batallar por la bendición de los sectores más radicalizados de su coalición que, si bien no se sabe si son mayoría o no, se sabe que se expresan, se muestran y salen públicamente a hacer ruido cuando la situación lo amerita.

El desafío entonces será si recuperar o no un poco de ese centro político perdido y volver a una mesa de diálogo con un Gobierno Nacional que lo está esperando porque también ha acusado recibo del desgaste que significa la confrontación institucional de cara a una sociedad intranquila y cansada.

Para el Presidente, el panorama se vuelve más angosto. La buena recepción de casi todas las determinaciones tomadas hace dos semanas, a excepción de la suspensión de clases presenciales, no garantiza un viento de cola que vaya a extender esa buena predisposición. La experiencia de la cuarentena de 2020 así lo demuestra. Sobre todo, cuando la realidad económica aqueja y las medidas provocan un alto impacto negativo sobre los sectores involucrados. En el caso de las últimas medidas, estos sectores fueron aquellos vinculados a la actividad nocturna, con el gastronómico como principal.

Es por esto que las restricciones estarían, en los anuncios, acompañadas por medidas económicas concretas de ayuda a comerciantes y emprendedores que se comunicarían simultáneamente con las medidas sanitarias. Es una forma de equilibrar la balanza de ese humor social que es tan endeble por estos días y que el gobierno ha tenido tantos problemas para administrar de manera eficaz.

La duración, al igual que la vez anterior, sería de dos semanas y, en este caso, llevando su efecto hasta mediados de Mayo, coincide aproximadamente con la fecha en la que se espera que se esté completando la vacunación con primera dosis de la población mayor de 60 años dispuesta a inocularse e inscrita a tal fin.

Esa perspectiva puede traer un poco de optimismo respecto a la posibilidad de combatir el impacto de la llegada del invierno en la pandemia con un importante avance en la vacunación que inmunice al sector de mayor riesgo.

Como siempre, estas variables dependen del factor clave para cualquier medida, que es el acatamiento. A mayor acatamiento ahora, mayores serán las posibilidades de aflojar las restricciones en el menor tiempo posible.

En ese mensaje tendrá que trabajar fuerte el Gobierno Nacional y a esa narrativa deberán sumarse las administraciones distritales, que también sufrirán las consecuencias políticas de un eventual colapso.     

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