Chile: una esperanza de cambio hacia un modelo con visión regional

Por Flor Grillo

En Chile se vivió una votación histórica, en la que la izquierda y los candidatos independientes se impusieron en un triunfo aplastante sobre los partidos de derecha. Un duro golpe al modelo neoliberal, que abre paso a la posibilidad de una nueva Constitución inclusiva.

 

Los chilenos votaron por un cambio estructural y profundo, eligiendo el pasado domingo a los 155 representantes que redactarán la Nueva Constitución. Se dejará atrás la Carta Magna vigente desde los tiempos de la dictadura militar de Augusto Pinochet, considerada como el origen estructural de las profundas inequidades del país trasandino, que fue cuna del experimento neoliberal de los últimos 40 años.

 

Chile posee un sistema que ve en lo individual el fundamento de su razón de ser, en que existen abusos reflejados en la permisividad e inacción ante el avance de las empresas, concentración de la riqueza, financiación ilegal de la política, aumento del costo de vida. La Constitución vigente consolida un modelo privatista y excluyente de las mayorías sociales y sus derechos, otorgando un papel residual del Estado para la provisión de servicios básicos. Ha garantizado la promoción de la empresa privada en todos los sectores de la economía y la vida social del país incluidos la educación, la salud y las pensiones, en un país que es considerado como uno de los más desiguales de América Latina, a pesar de haber sido señalado históricamente como el “mejor alumno” del neoliberalismo.

 

Los gobiernos neoliberales de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI (de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera), sin atender a la dirección a la que apuntaba el movimiento ciudadano, no hicieron más que completar y perfeccionar el modelo neoliberal original dándole una apariencia modernista, democrática y futurista. De esa manera, aceleraron un descontento contenido, promesas no cumplidas y finalmente una desconexión de la élite con la gente, que funcionaron como catalizadores del «terremoto» que experimenta Chile.

 

A partir del estallido social del 2019, distintos movimientos sociales confluyeron por primera vez. Uno de ellos, el movimiento feminista chileno, no paró de crecer. De esta forma, logró establecer su agenda en el debate público. 

 

Es importante destacar que, gracias al triunfo del colectivo feminista, la redacción de la nueva Constitución será un proceso desarrollado por una Asamblea con paridad de género (78 hombres y 77 mujeres). Este hecho conforma un hito histórico ya que será la primera Constitución escrita por igual proporción de hombres y mujeres, en clave feminista.

 

Luego de la elección histórica que dejó al desnudo a la clase política chilena (y fue un cachetazo para la derecha gobernante) es hora de avanzar hacia una agenda que incluya a las mujeres, las disidencias sexuales, las comunidades indígenas y diversos movimientos sociales dentro del conjunto de actores con capacidad de toma de decisión.

 

La transición hacia la democracia constituyó una nueva etapa de repolitización, en cuanto que gestó un nuevo proyecto y una nueva identidad sobre el país y el mundo, en lo político (democrático) y en lo económico (neoliberal).

 

Chile a lo largo del tiempo, supo consolidar relaciones fructíferas más con potencias mundiales o economías emergentes en el globo que con sus pares regionales, lo que devela sus intereses ideológicos en política exterior. Eso se refleja en que el 75 % de sus exportaciones se concentran en Estados Unidos, la Unión Europea y Asia-Pacífico, y el 90 % de las inversiones de extranjeros en Chile proviene de aquellas latitudes.

 

Es decir, ha estado elementalmente enfocada en el crecimiento económico nacional, o más bien, en determinadas élites nacionales, originadas en los consensos políticos entre coaliciones de derecha y de centro-izquierda, en donde lo prioritario han sido los intereses de los sectores privados de inversiones, en virtud de un progreso económico-social al estilo neoliberal, que solo ha aspirado a mejores formas de equidad social mediante la demanda de oferta de trabajo y revitalización de los comercios internos como consecuencia de sus políticas internacionales, reflejadas principalmente en Tratados de Libre Comercio y una muy baja influencia regionalista en la política comercial.

 

En el ámbito económico y comercial, Chile desarrolló una política de regionalismo abierto mediante la cual apoyó el ALCA, y negoció acuerdos comerciales bilaterales con el Mercosur, los países de la Comunidad Andina, el SICA y el Caricom, México. Pero desestimó la integración plena en el Mercosur, lo que hubiese significado una reorientación del modelo de desarrollo hacia otro de integración estratégica hegemonizado por el eje más industrializador brasileño-argentino.

 

La opción chilena produjo un importante distanciamiento político del país de importantes Estados de la región, aunque con el tiempo fue equilibrado por la emergencia de un conjunto de países con modelos afines en políticas regionales sobre democracia, derechos humanos, seguridad y cooperación para el desarrollo.

 

Hoy este nuevo ciclo político puede escribir un nuevo capítulo en la historia de la política exterior chilena. Hacia una verdadera integración latinoamericana.

 

Ante el escenario geopolítico nuevo y complejo que nos presenta la pandemia, la recesión económica que golpea duramente a la región, la incertidumbre futura y la creciente presencia del gigante chino que ha pasado a ser el principal mercado para la mayoría de los países latinoamericanos, la integración regional puede ser una opción viable para hacer escuchar las demandas de los pueblos y defender intereses comunes, pero vemos que las instituciones políticas que se construyeron en el pasado, con todos los defectos que puedan haber tenido, están inmovilizadas.

Chile deberá retomar la senda del diálogo político y de reconstrucción del proceso de integración y armonización de políticas que den sentido a la identidad latinoamericana. Será la mejor manera de defender el interés nacional y el pueblo chileno ya lo expresó en las urnas.

Se puede abrir un nuevo ciclo hacia una política exterior progresista, que basa sus acciones y decisiones en un modelo de autonomía estratégica y de activa participación estatal.

 

Una política exterior progresista es, por definición, una política exterior feminista. En ese marco, se deben superar las barreras de los mínimos permitidos, y avanzar hacia modelos más ambiciosos e inclusivos.

 

Una política exterior de tipo progresista aspira a una agenda climática incluida. En el caso de Chile, esto significa posicionar al país como un líder internacional en la lucha contra el cambio climático, tanto en sus componentes ambientales tradicionales como en el cuidado del océano (algo sumamente importante dadas las condiciones geográficas chilenas).

 

Para un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, la protección del medio ambiente constituye un nicho diplomático en el que puede cultivar una reputación y mejorar su estatus internacional. Ello implica redefinir las prioridades y objetivos de política exterior con un claro foco en el desarrollo sustentable, sostenible e inclusivo, así como en el medio ambiente, las comunidades y los pueblos que la conforman.

 

A corto y mediano plazo, esto está estrechamente vinculado tanto a la recuperación de la crisis económica y social derivada de la pandemia, como de la forma en que se lleve a cabo el proceso constituyente y el pacto social que emerja de este.

 

En el largo plazo, el desempeño internacional del país estará sujeto a su nivel de desarrollo, la capacidad de la nueva Constitución de sentar las bases de un orden social más justo, y, por cierto, el contar con una política exterior que mire hacia Latinoamérica.

 

Lejos de constituir un obstáculo a su inserción internacional, el estallido social, el proceso constituyente y la elección presidencial de 2021 representan una oportunidad para repensar la forma en que Chile se relacionará con el mundo.

En Chile se vivió una votación histórica, en la que la izquierda y los candidatos independientes se impusieron en un triunfo aplastante sobre los partidos de derecha. Un duro golpe al modelo neoliberal, que abre paso a la posibilidad de una nueva Constitución inclusiva.

 

Los chilenos votaron por un cambio estructural y profundo, eligiendo el pasado domingo a los 155 representantes que redactarán la Nueva Constitución. Se dejará atrás la Carta Magna vigente desde los tiempos de la dictadura militar de Augusto Pinochet, considerada como el origen estructural de las profundas inequidades del país trasandino, que fue cuna del experimento neoliberal de los últimos 40 años.

 

Chile posee un sistema que ve en lo individual el fundamento de su razón de ser, en que existen abusos reflejados en la permisividad e inacción ante el avance de las empresas, concentración de la riqueza, financiación ilegal de la política, aumento del costo de vida. La Constitución vigente consolida un modelo privatista y excluyente de las mayorías sociales y sus derechos, otorgando un papel residual del Estado para la provisión de servicios básicos. Ha garantizado la promoción de la empresa privada en todos los sectores de la economía y la vida social del país incluidos la educación, la salud y las pensiones, en un país que es considerado como uno de los más desiguales de América Latina, a pesar de haber sido señalado históricamente como el “mejor alumno” del neoliberalismo.

 

Los gobiernos neoliberales de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI (de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera), sin atender a la dirección a la que apuntaba el movimiento ciudadano, no hicieron más que completar y perfeccionar el modelo neoliberal original dándole una apariencia modernista, democrática y futurista. De esa manera, aceleraron un descontento contenido, promesas no cumplidas y finalmente una desconexión de la élite con la gente, que funcionaron como catalizadores del «terremoto» que experimenta Chile.

 

A partir del estallido social del 2019, distintos movimientos sociales confluyeron por primera vez. Uno de ellos, el movimiento feminista chileno, no paró de crecer. De esta forma, logró establecer su agenda en el debate público. 

 

Es importante destacar que, gracias al triunfo del colectivo feminista, la redacción de la nueva Constitución será un proceso desarrollado por una Asamblea con paridad de género (78 hombres y 77 mujeres). Este hecho conforma un hito histórico ya que será la primera Constitución escrita por igual proporción de hombres y mujeres, en clave feminista.

 

Luego de la elección histórica que dejó al desnudo a la clase política chilena (y fue un cachetazo para la derecha gobernante) es hora de avanzar hacia una agenda que incluya a las mujeres, las disidencias sexuales, las comunidades indígenas y diversos movimientos sociales dentro del conjunto de actores con capacidad de toma de decisión.

 

La transición hacia la democracia constituyó una nueva etapa de repolitización, en cuanto que gestó un nuevo proyecto y una nueva identidad sobre el país y el mundo, en lo político (democrático) y en lo económico (neoliberal).

 

Chile a lo largo del tiempo, supo consolidar relaciones fructíferas más con potencias mundiales o economías emergentes en el globo que con sus pares regionales, lo que devela sus intereses ideológicos en política exterior. Eso se refleja en que el 75 % de sus exportaciones se concentran en Estados Unidos, la Unión Europea y Asia-Pacífico, y el 90 % de las inversiones de extranjeros en Chile proviene de aquellas latitudes.

 

Es decir, ha estado elementalmente enfocada en el crecimiento económico nacional, o más bien, en determinadas élites nacionales, originadas en los consensos políticos entre coaliciones de derecha y de centro-izquierda, en donde lo prioritario han sido los intereses de los sectores privados de inversiones, en virtud de un progreso económico-social al estilo neoliberal, que solo ha aspirado a mejores formas de equidad social mediante la demanda de oferta de trabajo y revitalización de los comercios internos como consecuencia de sus políticas internacionales, reflejadas principalmente en Tratados de Libre Comercio y una muy baja influencia regionalista en la política comercial.

 

En el ámbito económico y comercial, Chile desarrolló una política de regionalismo abierto mediante la cual apoyó el ALCA, y negoció acuerdos comerciales bilaterales con el Mercosur, los países de la Comunidad Andina, el SICA y el Caricom, México. Pero desestimó la integración plena en el Mercosur, lo que hubiese significado una reorientación del modelo de desarrollo hacia otro de integración estratégica hegemonizado por el eje más industrializador brasileño-argentino.

 

La opción chilena produjo un importante distanciamiento político del país de importantes Estados de la región, aunque con el tiempo fue equilibrado por la emergencia de un conjunto de países con modelos afines en políticas regionales sobre democracia, derechos humanos, seguridad y cooperación para el desarrollo.

 

Hoy este nuevo ciclo político puede escribir un nuevo capítulo en la historia de la política exterior chilena. Hacia una verdadera integración latinoamericana.

 

Ante el escenario geopolítico nuevo y complejo que nos presenta la pandemia, la recesión económica que golpea duramente a la región, la incertidumbre futura y la creciente presencia del gigante chino que ha pasado a ser el principal mercado para la mayoría de los países latinoamericanos, la integración regional puede ser una opción viable para hacer escuchar las demandas de los pueblos y defender intereses comunes, pero vemos que las instituciones políticas que se construyeron en el pasado, con todos los defectos que puedan haber tenido, están inmovilizadas.

Chile deberá retomar la senda del diálogo político y de reconstrucción del proceso de integración y armonización de políticas que den sentido a la identidad latinoamericana. Será la mejor manera de defender el interés nacional y el pueblo chileno ya lo expresó en las urnas.

Se puede abrir un nuevo ciclo hacia una política exterior progresista, que basa sus acciones y decisiones en un modelo de autonomía estratégica y de activa participación estatal.

 

Una política exterior progresista es, por definición, una política exterior feminista. En ese marco, se deben superar las barreras de los mínimos permitidos, y avanzar hacia modelos más ambiciosos e inclusivos.

 

Una política exterior de tipo progresista aspira a una agenda climática incluida. En el caso de Chile, esto significa posicionar al país como un líder internacional en la lucha contra el cambio climático, tanto en sus componentes ambientales tradicionales como en el cuidado del océano (algo sumamente importante dadas las condiciones geográficas chilenas).

 

Para un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, la protección del medio ambiente constituye un nicho diplomático en el que puede cultivar una reputación y mejorar su estatus internacional. Ello implica redefinir las prioridades y objetivos de política exterior con un claro foco en el desarrollo sustentable, sostenible e inclusivo, así como en el medio ambiente, las comunidades y los pueblos que la conforman.

 

A corto y mediano plazo, esto está estrechamente vinculado tanto a la recuperación de la crisis económica y social derivada de la pandemia, como de la forma en que se lleve a cabo el proceso constituyente y el pacto social que emerja de este.

 

En el largo plazo, el desempeño internacional del país estará sujeto a su nivel de desarrollo, la capacidad de la nueva Constitución de sentar las bases de un orden social más justo, y, por cierto, el contar con una política exterior que mire hacia Latinoamérica.

 

Lejos de constituir un obstáculo a su inserción internacional, el estallido social, el proceso constituyente y la elección presidencial de 2021 representan una oportunidad para repensar la forma en que Chile se relacionará con el mundo.

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