Colombia: el estallido social que busca un cambio estructural

Por Florencia Grillo

Colombia ha vivido muchos momentos delicados a lo largo de su historia, pero ahora parece estar recorriendo un camino desconocido en al menos tres ámbitos distintos: la protesta social, la economía y la representación política.

La actual es una situación sin precedentes. Y que mucho se explica porque el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 abrió una caja de pandora de demanda.

La reforma rural integral planteada en el acuerdo, suponía admitir la realidad de una violencia estructural de la cual el Estado fue corresponsable durante décadas. En Colombia, la reforma agraria resultó siempre una promesa incumplida por parte de las élites políticas, a lo que se sumaba una suerte de política territorial que siempre gravitó en torno a una “bogotanización” de la agenda pública.

Es decir, la reforma rural implicaba reconocer que la periferia olvidada de Colombia necesitaba de mayores recursos e inversiones si verdaderamente se quería abordar un proceso de construcción de paz estable y duradero.

Y este fue el punto de partida del comienzo del desastre.

Desde el partido del presidente Ivan Duque, nunca aceptaron que la paz debía llegar al país por medio de una solución negociada y que, entre otras cuestiones, ello obligaba a repensar los límites de la democracia colombiana y de su Estado de Derecho.

Durante sus primeros años en el gobierno, Duque se ha encargado de deslegitimar el Acuerdo de paz. Lo ha hecho de un modo muy sencillo: homologando el término “paz” al término FARC. Ha instrumentalizado el Poder Judicial, evitó aumentar el presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo, ha obstaculizado el avance de la Jurisdicción Especial para la Paz y ha criminalizado, bajo la etiqueta de “guerrillera” o “terrorismo”, cualquier reivindicación o protesta social, por muy ajena que resulte a la cuestión del Acuerdo.

De nada sirve un Acuerdo de Paz si no se acompaña de medidas que transformen las condiciones de vulnerabilidad y exclusión social, y de intervenciones que resignifiquen un imaginario social colectivo, preparado para lo que supone, desde todos los extremos, un proceso de construcción de paz. Allí están los resultados a la vista: el quinto país más desigual del mundo, con unos niveles irresueltos en cuanto abandono territorial e institucional de las zonas con mayor presencia del conflicto armado, y en donde la necesaria presencia del Estado en aquellos lugares que abandonan las FARC para asumir el proceso de entrega de armas nunca se cumplió.

Muchos esperaban que ese acuerdo, junto con el fin formal de cinco décadas de guerra civil que mató a más de 250 mil personas y obligó a más de 7 millones a huir de sus casas, abriría un nuevo espacio para la izquierda en el espectro político de Colombia, pero la realidad es diferente.

Las protestas actuales comenzaron con una huelga general por una reforma fiscal impopular contra un gobierno profundamente polarizador, en defensa de los líderes de derechos humanos amenazados, por un aumento de la red de seguridad social durante la pandemia y por la reforma policial.

El colectivo que convoca a las movilizaciones el Paro Nacional, es un movimiento heterogéneo plagado de contradicciones y conflictos internos. Su líder no es claro y en su interior hay representaciones de casi todos los sectores. Su futuro depende de cómo logra sortear esa diversidad.

Las protestas ya lograron dos efectos inesperados en un país donde la movilización social, que fue tachada de «subversiva», rara vez tuvo consecuencias políticas: las retirada de la reforma tributaria y la caída del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aun así, ninguna de las medidas ha sofocado el descontento social.

Lo que es difícil de pronosticar es si este movimiento, que en origen se mostró fresco y novedoso, terminará en una situación que sí tiene precedentes en Colombia: la de una violencia desbordada. Más de 24 muertes, 89 personas desaparecidas, 140 denuncias de violencia según la Defensoria del Pueblo de Colombia y según la ONG Temblores, se reportaron más de 200 intervenciones violentas hacia mujeres, entre ellas, 10 denuncian agresión sexual.

Desde la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresaron el martes pasado su profunda preocupación por la reciente actuación de las fuerzas del orden en la ciudad de Cali que finalizaron con varios muertos y heridos.

Al repudio se sumó Amnistía Internacional, que exigió que las autoridades colombianas investiguen «de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes». Por su parte Reporteros sin Fronteras denunció 76 agresiones contra periodistas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos llamó a la fuerza pública colombiana a la moderación y condenó el vandalismo en medio de la situación de crisis social, económica y política actual que atraviesa el país en medio de una ola de protestas. Incluso, el representante demócrata Gregory Meeks, que preside la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, expresó su preocupación por la situación en Colombia y «la brutal respuesta de la Policía Nacional y el ESMAD a las protestas en el país». Además, instó a retirar el apoyo militar a Colombia si hay delitos de violación de derechos humanos.

En búsqueda de un cambio de raíz

La desconexión entre la tecnocracia colombiana y su pueblo es evidente. El gobierno de Iván Duque nunca ha sido popular, de hecho, ha gobernado mayoritariamente por decretos. Es por ello que el aumento del nivel de desconfianza de los manifestantes hacia el gobierno, sobrepasa el ámbito económico: se manifiesta también hacia la fuerza pública, una institución clave en un país con 60 años de conflicto armado a sus espaldas.

La búsqueda de un modelo económico y una policía distintos tiene que ver con la idea de un país nuevo. La generación que lidera las protestas en las calles creció en un país en guerra, bajo los discursos completamente polarizantes de la Guerra Fría; y hoy su mayor anhelo es que la política supere esos traumas del conflicto y permita, incluso a través de la protesta pacífica, hablar de temas como educación, derechos sociales, inclusión de minorías y legalización de las drogas, entre otras cosas prohibidas en el debate en Colombia durante décadas.

Así que un cambio de ese modelo desigual y excluyente —que para muchos requeriría una mayor democratización de la salud y la educación— está en el corazón de este movimiento.

También exigen el retiro de un proyecto que busca privatizar la salud, un mejor manejo de la pandemia de coronavirus y un salario básico acorde a la canasta de alimentos para paliar a uno de los países más desiguales del continente. Actualmente el desempleo en Colombia es del 16,8 por ciento y la pobreza alcanza al 42,5 por ciento de la población.

Frente a esta situación de crisis conjunta, no hay que olvidar que en 2022 se celebrarán elecciones.

Mientras que el propio Duque no puede presentarse, la coalición conservadora que lo llevó a la presidencia está desesperada por proyectar que la situación está bajo control, capaz de hacer frente tanto a la pandemia como a la ola de protestas. Después de retirar el plan de reforma fiscal, más concesiones a los manifestantes podrían debilitar esa imagen.

Y aunque la violencia no ha dejado de ser un problema desde los años 50, el bipartidismo entre liberales y conservadores (que llegaron a alternarse en el poder por convenio) permitió que se generara la idea de que las instituciones democráticas no estaban en peligro, hoy esa línea parece ser muy delgada.

Si te gustó este articulo, suscribite a Mott para obtener mas contenido y apoyar a un medio autogestivo.


*Foto: Clacso

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
contacto

Escribinos por más información

info@mottme.com