Primeras reflexiones sobre la Ley de Educación Ambiental Integral

contaminacion

Por Luciana de la Serna

El ambientalismo sigue conquistando derechos humanos básicos, es Ley la Educación Ambiental Integral en Argentina.

Legislaciones provinciales en la materia en CABA, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Río Negro, Jujuy y Chubut denotan la voluntad de las provincias de incorporar en las currículas educativas la perspectiva ambiental. A nivel nacional hubo más de 20 proyectos presentados en el Congreso a partir de la Constitucionalización del ambiente, que adquirieron y perdieron estado parlamentario, y que nunca obtuvieron los votos necesarios para su sanción. Hoy finalmente, la Educación Ambiental es política pública de largo plazo.

Luego de ser aprobada en Senadores la madrugada del viernes 14 de mayo, se convirtió en la ley N° 27.621. El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, en conjunto con el Ministro de Ambiente Juan Cabandié, el Ministro de Educación Nicolas Trotta y el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Luego de un dictamen conjunto de las Comisiones de Ambiente y Educación, obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados el 27 de marzo.

El gran consenso en la aprobación de esta ley por parte de todo el arco político demuestra la transversalidad de las problemáticas ambientales, que exceden la política partidaria. Hubo acuerdo en la importancia de la educación ambiental integral para el ejercicio pleno del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. 

Así lo establece la Constitución en su artículo 41, a partir de su última reforma. “Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.”

La Educación es una herramienta de formación y de conocimiento que permite la movilidad socioeconómica ascendente. Así lo entiende el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 4, “Educación de Calidad”, que tiene como fin garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. 

Además, es transversal y subsidiaria a todos ellos por su importancia como instrumento de concientización e información, tanto del medio en el que vivimos como de las leyes que nos garantizan el pleno ejercicio de nuestros derechos, sobre un bien jurídico que nos pertenece. “No se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama”.

Dan marco a esta norma, además de la Constitución, la Ley General del Ambiente en sus artículos 14 y 15, la Ley de Educación Nacional en su artículo 89 y numerosos tratados internacionales.

 

¿Qué dice la norma?

Lo más destacable de la ley es la creación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, un instrumento clave para la planificación y aplicación de la política pública con alcance nacional, sobre un proceso educativo permanente, integral y transversal, que alcanza a todos los ámbitos formales y no formales de la educación. Tiene un enfoque claro de perspectiva territorial, que tiene en cuenta las problemáticas locales, haciendo foco en las características de cada ecosistema regional y sus recursos naturales.

Crea un Consejo Consultivo, integrado por representantes de pueblos indígenas, estudiantes, docentes, gremios, sector científico, guardaparques, recicladores/as y organizaciones socioambientales, que definirán en conjunto con el COFEMA el contenido de la Estrategia. Esto garantiza la representatividad de amplios sectores, con la importancia que la Información y Participación Ciudadana tienen en las cuestiones ambientales.

Recomienda a las provincias la creación de una Estrategia Jurisdiccional, para instrumentar, coordinar y adecuar la implementación de la Estrategia Nacional, con líneas de acción en las políticas ambientales regionales.

Basa su estrategia en los siguientes principios: abordaje interpretativo y holístico, respeto y valor de la biodiversidad, equidad, igualdad desde el enfoque de género, reconocimiento de la diversidad cultural, participación y formación ciudadana, pensamiento crítico e innovador y ejercicio ciudadano del derecho a un ambiente sano.

Por último, la Coordinación Ejecutiva, asistida por el Consejo, hará operativa la Estrategia por medio de la articulación interministerial, interjurisdiccional e intersectorial permanente.

Es fundamental hacer foco en la definición de los programas de las currículas educativas, toda vez que los contenidos explícitos e implícitos no pueden de ninguna manera seguir profundizando ni justificando las desigualdades ambientales, sociales, económicas y políticas de los modelos de maldesarrollo que dieron por resultado esta crisis climática y ecológica, que profundiza las desigualdades preexistentes; por el contrario aspiramos a la formación de generaciones críticas e innovadoras, interpeladas por la transversalidad de las cuestiones ambientales en la búsqueda de la justicia social.

Es una apuesta de solidaridad intergeneracional muy acorde a los tiempos que corren: estamos en una pandemia de origen zoonótico que evidenció que no es gratuito el avance del ser humano sobre los ecosistemas. Experimentamos una especie de alienación respecto del medio en el que vivimos, dejando de lado que somos parte de un entramado mayor y que nuestro accionar sobre el ambiente repercute de manera indisociable y directa sobre nuestra salud. 

Si bien es una excelente política pública de largo plazo, hay que prestar especial atención a su efectivo cumplimiento en todas las jurisdicciones de nuestro país. Recordemos que leyes nacionales ambientales como la Ley Yolanda, que establece la capacitación obligatoria para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en materia de desarrollo sostenible, fue sancionada en noviembre del año pasado y aún no ha sido reglamentada.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
contacto

Escribinos por más información

info@mottme.com